La primera conversación, sin coste
Es confidencial: analizamos tu situación y te decimos con claridad qué opciones tienes.

Somos un despacho concursal en Valencia que no busca liquidar: usamos el concurso de acreedores para proteger tu empresa y tu patrimonio, no para cerrar.
01 — Concurso de acreedores
El concurso de acreedores no es el final de una empresa. Bien planteado y a tiempo, es la herramienta legal que permite ganar oxígeno, negociar con los acreedores y seguir adelante.
La primera conversación, sin coste
Es confidencial: analizamos tu situación y te decimos con claridad qué opciones tienes.
Estudio jurídico y financiero
Revisamos tu caso a nivel legal y económico para saber si tu empresa es viable.
Foco en la continuidad
Nuestro objetivo es salvar el negocio. Liquidar es siempre la última opción.
El concurso de acreedores es el procedimiento judicial previsto para empresas y profesionales que no pueden pagar sus deudas con regularidad: con proveedores, bancos, Hacienda o la Seguridad Social. Se regula en el texto refundido de la Ley Concursal, reformado en 2022.
Puede solicitarse cuando la insolvencia es actual —ya no puedes pagar— o inminente —prevés que no podrás hacerlo en los próximos tres meses—. Y hay un plazo que conviene no olvidar: el deudor debe pedir el concurso dentro de los dos meses siguientes a conocer su insolvencia.
Pedirlo a tiempo protege a la empresa y al administrador. Retrasarlo es una de las causas más habituales de concurso culpable.
Es el concurso por excelencia. Tiene dos salidas posibles: la continuidad de la empresa mediante un convenio con los acreedores o, si el negocio no es viable, su liquidación ordenada.
Sustituye al antiguo «concurso exprés». Se aplica cuando la empresa no tiene bienes suficientes ni para pagar los costes del procedimiento. Es más rápido y termina con el cierre, pero exige la misma diligencia: la responsabilidad de los administradores no desaparece.
Desde 2023 existe un cauce más sencillo y económico para empresas y autónomos con menos de 10 trabajadores y un volumen de negocio inferior a 700.000 € o un pasivo inferior a 350.000 €. Permite tanto un plan de continuación como la liquidación.
Cuando la empresa no tiene liquidez pero sí viabilidad —gana dinero, pero no lo suficiente para atender todas sus deudas—, el concurso permite presentar un plan y negociar con los acreedores un convenio.
Si la empresa no es viable y cada mes que pasa la situación empeora, lo responsable es liquidarla: vender sus activos para pagar todo lo posible de la deuda. Lo que no se cubre con la venta se extingue con la sociedad.
La gran pregunta: ¿responde el empresario con su propio dinero o sus bienes? No, siempre que el concurso no se califique como culpable.
Al final del procedimiento, el juez califica el concurso. Si la insolvencia se debe a causas ajenas al empresario —una crisis, la pérdida de un cliente importante, la caída del mercado—, el concurso será fortuito y no tendrá que responder de las deudas restantes.
Será culpable si la insolvencia se generó o se agravó por dolo o culpa grave: no pedir el concurso a tiempo, no llevar la contabilidad, sacar bienes de la empresa… En ese caso, los administradores pueden quedar inhabilitados, tener que cubrir el déficit con su patrimonio presente y futuro y no podrán acogerse a la segunda oportunidad. En los casos más graves puede haber, además, consecuencias penales.
Te lo contamos con detalle en responsabilidad de administradores.
Un mismo método para cada caso: escuchar, entender los números y elegir la vía que protege lo que has construido.
Escuchamos tu situación y revisamos la documentación básica.
Analizamos la viabilidad jurídica y financiera de la empresa.
Elegimos la vía: negociación, plan de reestructuración o concurso.
Te representamos ante el juzgado, el administrador concursal y los acreedores hasta el final.
¿No encuentras tu pregunta? La primera conversación no tiene coste y es confidencial: en ella resolvemos tus dudas sobre tu caso concreto.
La ley obliga a solicitarlo dentro de los dos meses siguientes a conocer, o deber conocer, que la empresa es insolvente: que ya no puede pagar con regularidad sus deudas a medida que vencen. Si prevés que no podrás pagar en los próximos tres meses (insolvencia inminente), puedes adelantarte y solicitarlo antes o negociar un plan de reestructuración.
Una señal de alarma clara es la causa de disolución: cuando las pérdidas dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social. Si el administrador no actúa a tiempo, puede acabar respondiendo con su propio patrimonio. Lo mejor es revisar el balance con un abogado concursal cuanto antes.
Nos movemos en plazos largos: alrededor de un año en el concurso ordinario. Depende mucho del juzgado y de la complejidad de la empresa.
Es muy variable: depende de si se busca la continuidad o el cierre, del tamaño de la empresa y del tipo de procedimiento. En la primera conversación, que no tiene coste, te explicamos los costes en tu caso.
Depende del juzgado, pero suele resolverse en unos 4 o 5 meses.
Es la mano derecha del juez y quien hace el seguimiento del concurso. Participa activamente y, según el caso, supervisa o sustituye a los administradores de la empresa en la gestión de su patrimonio.
El concurso es fortuito cuando la insolvencia se debe a circunstancias que no son imputables al deudor. Es culpable cuando se generó o agravó por dolo o culpa grave del deudor o de sus administradores, con consecuencias para su patrimonio personal.
Es arriesgado. No solicitar el concurso en plazo cuando la empresa ya es insolvente es una de las causas por las que un concurso se califica como culpable.
Podemos solicitar el concurso igualmente, porque la ley lo permite tanto con insolvencia actual como inminente. Y si aún hay margen, puede ser el momento de un plan de reestructuración.
El momento importa
Estamos acostumbrados a recurrir al concurso cuando la situación ya es insostenible. Pero acudir a él —o a un plan de reestructuración— cuanto antes puede marcar la diferencia entre reestructurar la empresa o liquidarla. Y no hacerlo a tiempo puede afectar al patrimonio del administrador.